Cuando el clima político vuelve imposible la participación, las comunidades no siempre son excluidas: a veces simplemente dejan de presentarse.

“El antisemitismo, el antisionismo y las agendas antiisraelíes siempre tienen consecuencias—y a menudo las primeras en sentirlas son las comunidades judías.”

En los últimos días del gobierno de Gabriel Boric, que concluye el 11 de marzo, se ha hecho visible un fenómeno preocupante: el distanciamiento silencioso de la comunidad judía chilena de ciertos espacios de la vida pública oficial. No se trata necesariamente de una exclusión formal ni de una decisión explícita, sino más bien del resultado acumulativo de un clima político en el que la hostilidad hacia Israel y el sionismo ha ocupado un lugar cada vez más central en el discurso público.

Incluso los esfuerzos genuinos del ministro Álvaro Elizalde y de otros funcionarios del Estado por mantener canales de inclusión no lograron contrarrestar ese tono político más amplio. Las invitaciones y los gestos institucionales pueden existir, pero cuando el relato dominante se vuelve persistentemente hostil hacia Israel, inevitablemente termina afectando a las comunidades judías que mantienen vínculos históricos, culturales o emocionales con el Estado judío.

Lo que emerge en estas circunstancias no es necesariamente una exclusión formal, sino algo más sutil: una erosión gradual de la participación.

El economista político Albert O. Hirschman describió esta dinámica a través de su conocida teoría de “voz” y “salida”. Cuando las personas o las comunidades confían en las instituciones, optan por la voz: permanecen dentro del sistema e intentan influir en él. Pero cuando la confianza se deteriora y la participación parece inútil, optan por la salida. El retiro se convierte entonces en una respuesta racional.

Una advertencia similar aparece en el pensamiento de Natan Sharansky, quien ha señalado que los climas políticos marcados por la deslegitimación de Israel suelen terminar afectando también a los judíos. Lo que comienza como retórica política sobre un conflicto lejano puede transformar gradualmente el entorno social en el que viven las comunidades judías.

En una línea similar, la analista israelí Einat Wilf ha advertido que cuando el antisionismo se convierte en una agenda política sostenida, sus consecuencias inevitablemente se trasladan a la vida de las comunidades judías en distintos países. Figuras públicas israelíes como Sharren Haskel han señalado también que un activismo persistente contra Israel termina muchas veces generando un clima que afecta a las comunidades judías mucho más allá del conflicto de Medio Oriente.

Desde una perspectiva histórica, el historiador Michael Ehrlich, de la Universidad Bar-Ilan, ha mostrado en sus estudios que las comunidades judías, a lo largo de la historia, han tendido a ajustar su vida pública al entorno político que las rodea. Cuando ese entorno se vuelve incierto o hostil, ese ajuste suele traducirse en una reducción de la visibilidad pública y en un mayor repliegue hacia los espacios comunitarios propios.

Este fenómeno no es nuevo. En el Reino Unido, durante la crisis en torno a Jeremy Corbyn y el Partido Laborista, muchos judíos británicos llegaron a la conclusión de que sus preocupaciones no estaban siendo tomadas seriamente dentro del sistema político. El resultado fue una profunda erosión de la confianza y un sentimiento de distanciamiento dentro de una comunidad que durante décadas se había considerado plenamente integrada en la sociedad británica.

Tensiones similares se observaron en Francia tras atentados antisemitas como el ocurrido en el colegio judío Ozar Hatorah en Toulouse, que conmocionó profundamente al país y recordó cuán frágil puede volverse la relación entre las minorías y las instituciones públicas cuando la violencia y la polarización política se cruzan.

En Alemania, especialmente durante los años de la Segunda Intifada, las tensiones relacionadas con el conflicto de Medio Oriente también se trasladaron al debate interno. En ese contexto, muchos judíos comenzaron a sentir que las discusiones sobre Israel ya no eran solamente sobre política exterior, sino que también cuestionaban indirectamente su propio lugar en la conversación pública.

Algo similar ocurrió recientemente en Australia tras el atentado antisemita ocurrido durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, en Sídney. La tragedia sacudió profundamente a la comunidad judía del país. En los días posteriores, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, enfrentó fuertes críticas y fue incluso abucheado al asistir a un acto conmemorativo por las víctimas. En algunos funerales y actividades comunitarias su presencia tampoco fue bienvenida.

Este tipo de reacción también puede entenderse como una forma particular de autoexclusión. Cuando una comunidad rechaza la presencia de una autoridad que, en principio, representa a toda la sociedad, delimita un espacio propio de duelo y de identidad del cual la autoridad pública queda fuera. Paradójicamente, al excluir a la autoridad, la comunidad termina también retirándose simbólicamente del espacio común que esa autoridad encarna.

El caso chileno debería entenderse, por lo tanto, no como un fenómeno aislado, sino como parte de un patrón más amplio observable en distintos países. La exclusión rara vez aparece de forma abrupta o mediante prohibiciones explícitas. Más a menudo se instala de manera silenciosa, cuando el clima político vuelve cada vez más difícil la participación.

A veces, el signo más revelador de la exclusión no es que una puerta se cierre.

Es cuando la puerta sigue abierta, pero quienes han sido invitados ya no sienten que pueden cruzarla.

 

Daniel Farcas

Comisión Política CCHIL