Por Gabriel Colodro – Reportero diplomático y Hernán López – Presidente Comunidad Chilena de Israel

En tiempos de guerra, la primera víctima no es solo la verdad. Es también el estándar con el
que decidimos defenderla.
En las últimas semanas, Radio Bío-Bío, un medio históricamente percibido como serio en Chile,
ha publicado una serie de columnas de opinión que, más que enriquecer el debate, lo
degradan. No por su postura crítica hacia Israel, que es legítima en cualquier democracia, sino
por el tipo de contenido que se ha permitido circular sin filtro suficiente: acusaciones no
verificadas, analogías extremas y marcos narrativos que coinciden con los de actores
directamente involucrados en el conflicto.
El caso más evidente es la columna titulada “¿Qué clase de monstruo puede torturar a un
niño?”, firmada por la directora del Centro de Información Palestina. El texto presenta
acusaciones gravísimas (tortura de un menor por parte de soldados israelíes) como hechos,
apoyándose en fuentes indirectas y sin verificación independiente. No es una opinión. Es una
imputación fáctica de la mayor gravedad, publicada sin el estándar mínimo que se exigiría en
cualquier otra cobertura sensible.
Días después, el embajador de Israel en Chile respondió en el mismo espacio, cuestionando la
veracidad de esa narrativa y advirtiendo sobre el uso de material no verificado para alimentar el
odio. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. En comunicación, el primer marco es el
que queda.
A esto se suma otra columna reciente que describe a Irán como un actor esencialmente
“defensivo”, que responde a amenazas y no inicia conflictos. Pero aquí el problema no es que
el texto provenga de una representación diplomática, eso, en sí mismo, es parte del debate
público, sino la ausencia total de contexto sobre a quién se está citando y qué representa.
No se trata de un actor cualquiera.
Se trata del régimen iraní, cuya proyección de poder no se limita a su territorio, sino que ha
operado durante décadas a través de redes como Hezbollah, con presencia documentada en
América Latina, incluyendo Chile, y vinculado a atentados que forman parte de la memoria
reciente de la región. Ignorar ese contexto al publicar su narrativa como si fuera un análisis más
no es pluralismo. Es omisión.
Y luego está la pieza que compara la ley israelí sobre pena de muerte para terroristas con las
cámaras de gas. Esa analogía no es solo desproporcionada; es intelectualmente irresponsable.
Equiparar un proceso penal, discutible, sí, con un sistema de exterminio industrial no eleva el
debate. Lo reemplaza por impacto emocional, al costo de trivializar el significado histórico del
Holocausto.
No se trata aquí de defender políticas específicas del gobierno israelí. Se trata de algo más
básico: distinguir entre crítica legítima y amplificación de narrativas que no resisten estándares
mínimos de verificación, proporcionalidad y contexto.
Lo preocupante es el patrón.
Mientras escribimos estas líneas, miles de chilenos en Israel, incluyendo familias con niños,
pasan sus noches en refugios, bajo la amenaza de misiles balísticos iraníes, algunos
equipados con ojivas de racimo.
Esa no es una abstracción geopolítica. Es una realidad cotidiana.
En ese contexto, resulta difícil no preguntarse: ¿qué responsabilidad tiene un medio chileno
cuando decide a quién le presta su plataforma? ¿Dónde está la línea entre abrir espacio a la
diversidad de opiniones y convertirse, aunque sea involuntariamente, en un canal de
legitimación de propaganda?
Porque eso es lo que está en juego.
Irán no es simplemente un Estado con una posición más en el tablero internacional. Es un
régimen con un historial de represión interna, de proyección de violencia a través de actores no
estatales y de operaciones que han alcanzado también a América Latina. Ese contexto no es
accesorio. Es esencial.
Frente a eso, Chile no puede seguir operando como si se tratara de un interlocutor más.
Nos referimos a un régimen que no solo vulnera sistemáticamente los derechos de sus
ciudadanos, sino que también ha contribuido a desestabilizar regiones enteras y a operar,
directa o indirectamente, en espacios que afectan la seguridad regional latinoamericana.
En la inmediatez, nos preguntamos:
¿Van a seguir tratando la propaganda como opinión legítima?
La libertad de expresión es un pilar de cualquier sociedad democrática. Pero no es una excusa
para renunciar al criterio editorial. Cuando se publican acusaciones no verificadas, cuando se
adoptan marcos narrativos sin contexto, cuando se recurre a analogías históricas extremas
para reemplazar el análisis, el problema ya no es ideológico.
Es profesional.
Y en tiempos como estos, eso debería importar más que nunca.