Imagina una camioneta blanca con personas encapuchadas circulando frente a La Moneda. Una escena que evoca las imágenes de los terroristas que invadieron Israel el 7 de octubre de 2023. La pregunta resulta inevitable: ¿qué estamos normalizando y qué agenda está encontrando espacio en el corazón político de Chile?
Para comprender la convocatoria del 10 de octubre hay que mirar hacia Londres. Allí, el 26 de julio de 2025, Global Alliance for Palestine celebró su conferencia inaugural. La plataforma nació para articular movimientos internacionales de solidaridad con Palestina y convertir esa articulación en presión política. Su alcance y sus objetivos trascienden las fronteras de cualquier país participante.
Para octubre de 2026, la alianza convocó una jornada mundial de movilización con demandas de embargo de armas y sanciones contra Israel. Su propia comunicación explica que proporciona materiales de campaña, coordinación y apoyo estratégico a organizaciones locales. Estamos ante una estructura que busca sincronizar acciones y transformar la movilización pública en capacidad de presión internacional.
Chile se incorporó a ese calendario. Según BioBioChile y El Ciudadano, Solidaridad por Palestina Universidad de Chile y la FECH convocaron la marcha en Santiago. Entre las adhesiones anunciadas estuvieron Confech, Coordinadora Feminista 8M, Comunidad Palestina de Chile y Centro de Información Palestina.
El origen internacional de la campaña permite hablar de una agenda importada, adoptada voluntariamente por organizaciones chilenas. Al sumarse a esta convocatoria, esas organizaciones incorporaron a Chile a una estrategia cuyo calendario y objetivos centrales fueron definidos fuera del país. Esa decisión merece explicaciones: ¿qué intereses representan y qué prioridades buscan instalar en Chile?
El palestinismo sirve para articular otras agendas políticas y reunir, bajo una sola bandera, a sectores que buscan recuperar protagonismo callejero. Ofrece un símbolo poderoso, un adversario común y una convocatoria capaz de reunir proyectos distintos. El riesgo es que las prioridades chilenas queden desplazadas y que la campaña internacional se convierta en vehículo de confrontación nacional.
Aquí aparece el riesgo de un nuevo octubrismo: utilizar una causa movilizadora para alimentar una dinámica que termine legitimando la intimidación y la violencia como instrumentos políticos. El derecho a marchar forma parte de la democracia. Atribuir superioridad moral a una causa para excusar cualquier conducta erosiona los límites de la convivencia democrática y ninguna organización tiene derecho a arrogarse la voz de toda la ciudadanía.
Con claridad queremos advertir que la posibilidad de que sectores radicales locales instrumentalicen estas campañas debe examinarse antes de una eventual escalada. Es importante analizar qué discursos y símbolos se importan, cómo se utilizan en Chile y cómo responden los dirigentes cuando alguien cruza los límites democráticos. La responsabilidad política también consiste en fijar esos límites y defenderlos públicamente.
Si se glorifica y normaliza el terrorismo, se debilita la condena de la violencia y se abre espacio para que otros la justifiquen en nombre de sus propias causas. Aceptar esa lógica erosiona la autoridad moral para rechazarla cuando amenaza nuestra convivencia. Quienes organizan estas movilizaciones deben responder por los mensajes que respaldan.
El presidente Kast debe tomar este fenómeno en serio. Si su gobierno minimiza la posibilidad de que una agenda internacional sea utilizada para radicalizar la confrontación interna, corre el riesgo de reaccionar cuando la situación ya lo haya desbordado. La crisis de 2019, bajo el presidente Piñera , debería servir de referencia. Gobernar exige anticipación y firmeza democrática: comprender lo que se articula, exigir responsabilidades y actuar antes de perder el control.
Hernán López y Nicole Rosenbaum