La Cuenta Pública 2025 ponía al gobierno de Gabriel Boric en una situación incómoda: era la última de su mandato y había poco que mostrar como logros. Un país asolado por el narcotráfico, la corrupción institucional, una economía deprimida y una carrera presidencial en la que la oposición parece encaminarse a una victoria aplastante.

Pero surgió algo que tensionó dramáticamente el mensaje presidencial: la posibilidad de que Boric, en vivo y en directo, rompiera relaciones con Israel bajo el manto de razones humanitarias y de derecho internacional.

Solo esa posibilidad bastó para que el presidente Boric recibiera una advertencia: Estados Unidos podría aplicar sanciones severas a Chile, y su propia coalición caer en una nueva espiral de crisis, con consecuencias reales e inmediatas.

La bandera palestina, desde la irrupción social de 2019, fue adoptada como símbolo de lucha en un país sin símbolos. Junto a la del Wallmapu, reemplazaron a la bandera nacional durante el “octubrismo”. La kefia se convirtió en el atuendo oficial del Frente Amplio, cual disfraz de vaquero norteamericano made in China: una abstracción conceptual de una causa ajena.

Y el compromiso que Boric adquirió con la Comunidad Palestina de Chile durante su campaña presidencial parece ser el único, entre todos los compromisos sociales, que efectivamente cumplió.

Boric entendió que su idea de Palestina es su legado para Chile.

Y eso explica la osadía inaudita de desarrollar una escalonada y planificada campaña antiisraelí, desde el primer día de su administración hasta la víspera de su discurso.

Aunque no se atrevió finalmente a romper relaciones, tenía un Plan B: el proyecto de ley de BDS.

Este proyecto, que busca boicotear productos israelíes, lleva años tramitándose en la Cámara de Diputados y ha sido impulsado ahora en el Senado por el senador Sergio Gahona (UDI), sin lograr avances significativos. El comercio chileno sufriría consecuencias desastrosas, algo que han entendido varios diputados que aún trabajan por los intereses de Chile —y no por los de los representantes formales de la OLP en Chile.

38 estados de EE. UU. tienen leyes anti-BDS, las cuales podrían ser aplicadas contra empresas chilenas con operaciones en el país del norte. Y esta sería solo una de las consecuencias inmediatas de hacer de Chile el único país occidental que adhiera oficialmente a los objetivos de un movimiento considerado antisemita por Alemania.

Entonces, esta acción presidencial puede ser, como tantas otras en su trayectoria, una válvula de escape, una derivación de responsabilidad: una apuesta en la que, si gana, se atribuye el mérito partidario, y si pierde, simplemente mira hacia otro lado.

Si, por alguna razón, este “harakiri legislativo” llegara a prosperar, y la ley fuese aprobada, la realidad condenaría a Chile —y al próximo gobierno— al aislamiento económico.

El otrora paladín sudamericano de la libertad económica quedaría alineado con el selecto grupo de países-isla que creen en los boicots como herramienta contra Israel. En un mundo donde ni siquiera los países árabes que han combatido militarmente a Israel siguen esa lógica.

Quizás pocos lo concluyeron, y para otros simplemente ha sido difícil de asumir, pero el discurso del presidente Gabriel Boric Font, el domingo 1 de junio de 2025, fue la declaración explícita de la inclusión de Chile en el eje China-Irán-Rusia.

El emperador llegó desnudo en el Ford Galaxie al Congreso, y fue aplaudido de pie.

 

Hernán López