Hay críticas que nacen de la animadversión. Y hay otras que nacen de la expectativa. Esta pertenece a la segunda categoría. Precisamente porque muchos miran al gobierno de José Antonio Kast con buenas vibras, con altas expectativas y con la esperanza de una conducción más seria, más reflexiva y más responsable, se vuelve necesario decir algo incómodo: en Medio Oriente, Chile sigue actuando sobre premisas que no resisten contraste con la realidad. Y decirlo no es un gesto hostil. Es, justamente, una advertencia amistosa a un gobierno del que se espera más.

La primera verdad incómoda es ésta: en sus primeras semanas, el nuevo gobierno no ha dado una señal clara de corrección en esta materia. Chile integra hoy el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, en la última sesión del organismo, votó a favor de cuatro resoluciones dirigidas contra Israel: la relativa a la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, la referida al Golán sirio, la que condena los asentamientos israelíes y la que reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. No se trata de una votación aislada ni de un matiz diplomático menor. Son cuatro decisiones consecutivas, en pocos días, que confirman que la inercia sigue intacta.

Lo más llamativo es que esta continuidad ocurre en un momento en que otros países de la región han comenzado, precisamente, a tomar distancia de espacios internacionales marcadamente sesgados. Ecuador formalizó su retiro del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, mientras Honduras anunció su salida del llamado Grupo de La Haya. Chile, en cambio, fue incorporado este año a ese mismo comité palestino de la ONU, sin que hasta ahora exista una señal política de revisión o desmarque. Es legítimo preguntarse, entonces, por qué, mientras algunos gobiernos latinoamericanos corrigen, Chile persevera.

La segunda verdad incómoda es todavía más de fondo: no todo organismo multilateral merece ser tratado como brújula moral infalible. Hay demasiados ejemplos que obligan a la cautela. Uno de los más elocuentes es que Irán llegó a ser elegido para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y sólo después fue removido. Cuando el sistema internacional es capaz de producir contradicciones de ese tamaño, lo sensato no es obedecerlo en automático, sino examinarlo con criterio. Una política exterior madura no puede reemplazar el juicio por la liturgia.

La tercera verdad incómoda afecta una de las premisas más repetidas de la diplomacia chilena sobre este conflicto: la idea de que ambas partes han buscado, en esencia, lo mismo, y que la paz ha fracasado principalmente por falta de voluntad israelí. La historia no confirma esa lectura. En 1937, la Comisión Peel recomendó por primera vez la partición en un Estado judío y otro árabe. En 1947, la Resolución 181 de la ONU volvió a proponer la partición. En 2000, Camp David terminó sin acuerdo. Y más tarde, también fueron rechazadas otras oportunidades que pudieron haber abierto el camino a un acuerdo definitivo. Se podrá discutir cada episodio, sus detalles y sus límites. Lo que ya no resulta serio es seguir actuando como si no existiera un patrón prolongado de negativa, evasión o incapacidad palestina para cerrar un acuerdo histórico que incluya la aceptación efectiva y definitiva de un Estado judío.

Ése es el punto que Chile no ha querido mirar con suficiente honestidad. Porque si una de las partes ha rechazado una y otra vez fórmulas de coexistencia, entonces la tesis de que estamos simplemente ante dos pueblos que quieren lo mismo y no han logrado entenderse deja de ser una descripción y pasa a ser una consigna. Y una política exterior construida sobre consignas termina inevitablemente produciendo votos mecánicos, silencios selectivos y simetrías falsas.

Nada de esto obliga a Chile a renunciar a su preocupación humanitaria por los civiles palestinos. Nada de esto exige desconocer sufrimientos reales ni abandonar la aspiración de una solución política. Pero sí obliga a algo más modesto y más serio: reconocer que no hay paz posible si una de las partes sigue sin asumir plenamente la legitimidad histórica, política y nacional de la otra. También obliga a reconocer que no todo foro internacional que habla en nombre de los derechos humanos ayuda realmente a la paz y que algunos, por el contrario, han terminado funcionando como espacios de sesgo, automatismo y desproporción.

Por eso esta columna quiere ser leída exactamente como fue pensada: como una crítica fraterna dirigida a un gobierno que tiene la sana intención de hacer una gran gestión. La intención de esta reflexión no es debilitarlo, sino ayudarlo a encarnar una manera más responsable de ejercer la política exterior, atreviéndose incluso a revisar las premisas heredadas con que Chile ha actuado en Medio Oriente.

Porque hay momentos en que perseverar deja de ser una virtud y pasa a ser una forma de ceguera. Y en Medio Oriente, Chile corre el riesgo de seguir votando, declarando y posicionándose como si los hechos no hubieran hablado ya con suficiente claridad. Un gobierno que prometió responsabilidad no debiera administrar inercias, sino corregirlas. A veces, la verdadera prudencia no consiste en mantener el rumbo, sino en atreverse a reconocer que el rumbo estaba equivocado.

 

Daniel Farcas

Miembro de la Comisión Política de la CCHIL